En el 2004 nace la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel. Se trata de un llamado lanzado por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina a la comunidad internacional pidiéndole que aplique dichas medidas coercitivas “hasta que Israel cumpla con el Derecho Internacional y los principios universales de los Derechos Humanos”
El objetivo principal del BDS es dar fin a las políticas que el régimen sionista implementa en Palestina desde 1948, cuyos tres rasgos principales son: ocupación, colonización y apartheid.
La campaña no se dirige contra las ciudadanas y ciudadanos del Estado judío, ni mucho menos contra los judíos del mundo (muchos judíos participan en el BDS, también dentro de Israel), sino contra las instituciones que sostienen y financian dicho régimen opresor.
Razón por la cual, como organizaciones, grupos y colectivos defensores de los derechos humanos, protectores del medio ambiente y promotores culturales en México, nos unimos al llamamiento de la sociedad Palestina para no consumir productos provenientes de los territorios ocupados y productos cómplices de la ocupación en Palestina. Nos comprometemos a apoyar cada una de las campañas dirigidas a exponer los crímenes de ocupación y apartheid que el régimen ocupante sionista comete contra el pueblo Palestino. E invitamos a grupos, colectivos, organizaciones y movimientos a atender el llamado de la sociedad Palestina.
El presente boicot se mantendrá, tal y como lo exige el pueblo Palestino, hasta que Israel cumpla su obligación de reconocer el derecho inalienable del pueblo Palestino a la autodeterminación, y acate completamente los principios de la legislación internacional por medio de:
1. La finalización de su ocupación y colonización de todas las tierras palestinas y el desmantelamiento del Muro;
2. El reconocimiento de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos árabe-palestinos de Israel y su total igualdad ante la ley.
3. El respeto, la protección y la promoción del derecho de las y los palestinos refugiados de retornar a sus casas y propiedades, tal como lo estipuló la resolución 194 de las Naciones Unidas